La intensa batalla por los derechos humanos de las personas que integran el amplio y diverso colectivo LGBT+ ha sido, sin duda, una de las luchas sociales más visibles y reconocidas a nivel mundial. Los avances en materia de no discriminación por orientación sexual, respeto a la integridad física y mental, otorgamiento de derechos sexuales y civiles, despenalización de la homosexualidad y el reconocimiento de la diversidad sexo-genérica, son notables en tanto plasmados e impulsados en diversas declaraciones y resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas, particularmente en su Consejo de Derechos Humanos, así como por su codificación en los textos constitucionales de algunos países.
Tales victorias no pueden entenderse sin reconocer el papel fundamental de colectivos y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSCs) LGBT+ para su materialización, muchos de los cuales comenzaron a movilizarse desde hace casi medio siglo alrededor del mundo. Desde entonces, son estos grupos los que han estimulado no sólo la concientización de la sociedad en general y el cuestionamiento de convenciones sociales restrictivas en torno a la causa LGBT, sino también el debate político para la concreción de legislaciones y políticas públicas que garanticen la protección de los derechos humanos de dicha comunidad. Así lo ilustra el hecho de que, según el informe Homofobia de Estado 2019: Actualización del Panorama Global de Legislación, de la asociación ILGA, actualmente 43 países miembros de la ONU prohíben la discriminación y la violencia por motivos de orientación sexual, mientras que 46 Estados lo tipifican como delito en sus respectivos sistemas penales. Por su parte, 27 países reconocen legalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo y 31 otras formas de unión civil.
A pesar de las evidentes conquistas sociales y políticas de la comunidad LGBT+, la lucha exige persistencia e intensificación. Diversas organizaciones así lo han reconocido al advertir que alrededor de 70 países aún consideran ilegal la homosexualidad, 8 de los cuales, castigan con pena de muerte actos sexuales consensuales entre personas del mismo sexo por ser “inmorales.” Adicionalmente, el año 2019 registró retrocesos alarmantes en términos de derechos y libertades, pues un total de 8 países promulgaron leyes o presentaron proyectos de ley que criminalizan a personas LGBT+, mientras que en varios lugares han surgido grupos radicales y abiertamente homófobos que incitan al odio y a la discriminación, incluso en aquellos países donde se garantiza plenamente la protección de los miembros del colectivo. A ello se suman los efectos desastrosos en la salud mental de millones de jóvenes alrededor del mundo que siguen enfrentando ambientes hostiles en sus propias familias, escuelas y demás espacios cotidianos.
El caso de México resulta alentador en el ámbito jurídico para las personas LGBT+. Desde 1872, no se registra en ningún código penal la prohibición de actos sexuales consensuados entre personas del mismo sexo, a pesar de los estigmas sociales con los que históricamente ha cargado la comunidad. Por otro lado, en el año 2003, se promulgó la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en cuyo contenido se criminaliza la discriminación y violencia por motivos de preferencia sexual. Respecto al matrimonio entre personas del mismo sexo, si bien no hay una ley federal que lo codifique, 19 de los 32 estados de la República lo reconocieron en sus respectivos congresos locales, mientras que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucionales las restricciones en esta materia. Aunado a ello, desde mayo de 2019, la Secretaría de Relaciones Exteriores anunció que todos los consulados de México permitirían a ciudadanos mexicanos contraer matriminio independientemente del género. A nivel social, sin embargo, la comunidad LGBT+ mexicana sigue siendo un grupo vulnerable y objeto de disciminación y violencia en todas sus formas y expresiones, por lo que la batalla sigue vigente y exige redoblar esfuerzos.
En coherencia con las tendencias internacionales de la lucha por los derechos de la comunidad LGBT+, los avances en México se deben en gran medida a la ardua labor de OSCs dedicadas a identificar problemas relacionados con la discriminación y violencia, recabar y procesar información, interceder ante el Gobierno y sus instituciones, impulsar proyectos de ley que garanticen la protección de los derechos de las personas LGBT+ y establecer redes locales, nacionales e internacionales con otras OSCs, organismos internacionales, cuerpos académicos e instituciones gubernamentales. En este sentido, la Dirección General de Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil tiene como uno de sus objetivos primordiales fungir como punto de contacto y puente para establecer redes sólidas y duraderas entre las OSCs de la comunidad LGBT+ y el Gobierno de México, para unir e intensificar esfuerzos en la batalla por reconocer, garantizar y defender los derechos inherentes a todo ser humano, independientemente de su identidad de género u orientación sexual.
Por: Javier Jileta Verduzco.
Director General de Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil, SRE.
Cuenta en Twitter: @javierjileta
Referencias:
- Amnistía Internacional, “Diversidad Sexual y de Género”, https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/temas/diversidad-sexual-genero/, consultado el 7 de mayo de 2020.
- ILGA World, Homofobia de Estado: Actualización del Panorama Global de Legislación, Ginebra, 2019, https://ilga.org/downloads/ILGA_World_Homofobia_de_Estado_ Actualizacion_Panorama_global_Legislacion _diciembre_2019.pdf, consultado el 7 de mayo de 2020.
- Graeme Reid, “Lucha global por los derechos de las personas LGBT”, Política Exterior, 28 (2014), pp. 118-128.
- Jairo Antonio López, “Los derechos LGBT en México: Acción colectiva a nivel subnacional”, European Review of Latin American and Caribbean Studies, 104 (2017), pp. 69-88.
- Javier Corrales, “Understanding the uneven spread of LGBT rights in Latin American and the Caribbean”, Journal of research in Gender Studies, 7 (2017), pp. 52-82.